¿Cómo integrar a las concentraciones comerciales a la mejoría de la vida barrial?

Dra. en Arq. Yolanda Fernández Martínez

A lo largo de la última década, la zona norte de Mérida ha experimentado transformaciones importantes en sus usos de suelo y sobre todo en la proliferación de centros comerciales. El año de 2007 representó un cambio significativo al duplicar su oferta comercial, de servicios y de entretenimiento, porque hasta ese entonces las grandes concentraciones comerciales eran la Gran Plaza y Las Américas, y se le sumaron simultáneamente Plaza Altabrisa, Galería Mérida, City Center y Macroplaza.

La característica principal de estos lugares es la concentración comercial de usos que integran una tienda ancla y salas cines. A partir de 2012 inicia otra etapa bajo el concepto de “usos mixtos”, la cual además de los servicios comerciales y de entretenimiento, se incluyen estacionamientos de varios niveles, oficinas, departamentos y hasta hoteles.

Estas nuevas formas de aprovechamiento de los predios baldíos, han derivado en cambios del valor del suelo en los predios circundantes, como es el caso de la Colonia Maya a partir del desarrollo de Altabrisa, es lo que conocemos como la plusvalía del suelo urbano. Lo cual ha generado el desplazamiento de los habitantes originales, porque como consecuencia de estas inversiones privadas, su predio tiene un gran valor comercial y les resulta atractivo venderlo o dividirlo para poder permanecer en la zona.

Sería de suponer que sí estos grandes desarrollos urbanísticos elevan el valor del suelo, desde el mero anuncio del proyecto, lo que conocemos como “especulación”, debería de haber una mejora inmediata en las condiciones urbanas, es decir en la calidad de los servicios, infraestructuras y más aún en lo básico: en poder usar la calle de forma segura.

Para poner un ejemplo preciso, nos centraremos en la zona de la Glorieta de las Haciendas, donde se desarrolla el centro comercial Uptown. No cabe duda de que el aprovechamiento de ese gran vacío urbano próximo a Plaza Altabrisa resulta positivo para la ciudad. Desde la limpieza del terreno, el apisonamiento del suelo y la reciente colocación de las columnas metálicas, causa expectación y curiosidad entre vecinos del lugar.

De hecho una de las políticas públicas del gobierno federal están encaminadas a compactar la ciudad y a promover la ocupación de los vacíos intraurbanos, finalmente es muy costoso para la ciudad tener predios ociosos al interior de la ciudad, con toda la infraestructura y servicios, son los llamados terrenos de “en gorda”, los cuales se benefician a lo largo del tiempo de las mejoras urbanas y no hay instrumentos jurídicos que orienten el buen aprovechamiento de los mismos en beneficio de la comunidad.

En sintonía con lo anterior, existe la preocupación por fortalecer los lazos barriales y generar condiciones urbanas que permitan la disminución del uso del automóvil. Desde las políticas públicas en materia de salud y aterrizando en lo urbano, el mensaje es claro y contundente: camina, usa la bicicleta y el transporte público. Sin embargo, en la realidad caminar y usar bicicleta en la ciudad, no es factible solo por el mero discurso que parece estar de “moda”.

Caminar y usar la bicicleta es un derecho que la ciudad nos debe de garantizar y que no debería ser exclusiva del estatus social o de algunas zonas. Por consiguiente, los desarrollos comerciales que se están gestando en torno a la glorieta de Las Haciendas, como en su momento lo fue Altabrisa, están contribuyendo al cambio de uso de suelo, de intensidades de funcionamiento, de incrementar los flujos vehiculares que ya hoy por hoy se encuentran saturados en determinadas horas, y ni que decir de la cantidad de conflictos viales y choques que constantemente se generan en esta zona. Por lo que se debería de tener una visión integral de la problemática.

Basta consultar las experiencias argentinas, en ciudades menos extensas que la nuestra pero con más habitantes, en donde han articulado instrumentos para medir el incremento de plusvalías a partir de las grandes intervenciones urbanísticas privadas, con el objetivo de que el Estado tenga los mecanismos para movilizar dichas plusvalías hacia el financiamiento de estudios, proyecto y obras que van directamente a mejorar el entorno urbano. Desde la construcción de infraestructuras, sistemas de transporte público, hasta la dotación de equipamientos y áreas verdes funcionales, tanto la inversión privada como la pública, tienen la participación y el compromiso en generar escenarios competitivos y de alto alcance de aceptación social.

En este sentido, resulta bueno tener inversiones y desarrollos, pero no puede ser que estos grandes desarrollos se limiten a lo que sucede al interior de su predio y no haya una mejoría en la calidad urbana y social de su entorno. Tienen un alto impacto funcional y simbólico y por lo tanto, el reto consiste en armonizar estas intervenciones privadas con acciones contundentes para el bien común en el espacio público. El reto sería que los usuarios tanto de Altabrisa como del Uptown, pudieran caminar libremente entre uno y otro. O que los vecinos de las colonias próximas pudieran ir caminando. Y que existieran paraderos seguros en lugares estratégicos, desde donde la gente pudiera decidir a cuál de los dos ir. No hay que olvidar que estos centros comerciales son también lugares de trabajo para muchos, y no pueden ser pensados sólo para que usuario en automóvil.

Desde la política pública urbana y de salud, habría que revisar la agenda pública, para redimensionar lo que se gana y pierde en la ciudad. No hay que olvidar que la inversión en espacios públicos que garanticen un buen funcionamiento de las actividades cotidianas de sus habitantes, repercuten positivamente en las inversiones privadas. Relacionar las escalas urbanas e intensidades de uso de estos centros comerciales con el tema de la movilidad segura, es un gran ejercicio de sensibilidad humana que garantiza un alto índice competitividad urbana. No puede haber centros comerciales lujosos rodeados de calles inhóspitas.